Sobre el cierre de la mezquita de la calle Nord en Lleida

Se acaba de producir el primer cierre de una mezquita en Cataluña, invocando la Ley de centros de culto de la Generalitat. Tras su promulgación ya advertimos de que esto iba a suceder. La mezquita cerrada es la de la calle Nord de Lérida, la más concurrida de una ciudad ya de por si falta de mezquitas. Para justificar su decisión, el Ayuntamiento se ha respaldado en el artículo 11 de la Ley de centros de culto, que fija la orden de cierre de los locales que infrinjan las normas exigidas. Al parecer, la mezquita tiene un aforo para 350 personas, aunque responsables del centro han reconocido que en ocasiones se han congregado hasta un millar de fieles.

En este sentido el cierre puede parecer justificado. Pero si queremos comprender hasta que punto esta decisión es injusta es necesario hacer un poco de historia, tener en cuenta el marco en el cual se produce.

La cuestión es la siguiente: los musulmanes de Lérida necesitan espacios para rezar, una demanda emanada del ejercicio de su libertad religiosa. Desde hace años se vienen quejando de la falta de espacios, buscando locales y pidiendo los correspondientes permisos. Pero en este proceso el Ayuntamiento ha puesto todo tipo de dificultades a la apertura de nuevas mezquitas, a causa tanto de la presión mediática como del rechazo a la presencia del islam. Tras años de dar largas a la comunidad, el Ayuntamiento cedió un solar para la construcción de una gran mezquita. Pero esta “solución” no es satisfactoria, por dos motivos principales: se trata de un solar situado en un polígono industrial de la periferia, cuando todo el mundo sabe que las mezquitas deben estar cerca de donde viven los fieles para cumplir con su objetivo. Y se trata de un proyecto de coste muy elevado, inviable para un colectivo en situación precaria.

A esta situación debemos añadir las tensiones generadas por la prohibición del burka y del niqab por parte del Ayuntamiento, una medida que provocó la airada respuesta de las comunidades musulmanas. Es en este contexto que el cierre de la mezquita de la calle Nord ha caído como un mazazo, sumándose a una política de años que solo puede calificarse como despiadada.

Pero el caso de Lérida no es único, sino más bien un prototipo. La falta de permisos para abrir mezquitas provoca las aglomeraciones en los pocos locales existentes. Esto provoca las quejas de los vecinos, alimentadas por la islamofobia. La Ley de centros de culto se ha venido a sumar a esta situación, ofreciendo a los ayuntamientos un instrumento ideal para cerrar locales. Y eso a pesar de que suelen ser estos ayuntamientos los que durante años han dificultado el ejercicio de la libertad religiosa de los musulmanes, y son por tanto causantes directos de las aglomeraciones en las pocas mezquitas disponibles.

Nos situamos pues en un círculo vicioso, del cual los musulmanes son las víctimas propiciatorias. Como resultado, la falta de mezquitas es una realidad diaria para los más de 300.000 catalanes musulmanes. Según datos oficiales, actualmente hay unas 200 mezquitas abiertas, una para cada 1.500 fieles. Basta con compararlo con los evangélicos (400 lugares de culto por cada 100.000 fieles, es decir 1 para cada 200) para darse cuenta del grado de discriminación que sufren los musulmanes.

La situación actual es insostenible, impropia de un país democrático y respetuoso con las libertades. Es necesario tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las minorías.

Por un lado, es necesario favorecer la apertura de numerosos locales pequeños en el casco urbano, frente a la idea de crear grandes centros en la periferia. Por otro lado, es imprescindible que se tomen medidas para garantizar que el hecho a tener un lugar de culto sea efectivo y no discriminatorio. Las administraciones deberían desarrollar un plan de acción de redistribución del espacio público, de cara a hacerlo equitativo. Lo fundamental es establecer una serie de estándares urbanísticos que regulen la ocupación del espacio municipal según el metro cuadrado y el número de seguidores de cada religión. En las grandes ciudades, este criterio tendría que ser aplicado por barrios. Mientras la relación entre el número de fieles y el metro cuadrado no sea considerado como un criterio de asignación del terreno público, se mantendrá la actual vulneración del principio constitucional que establece la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su religión.

El cierre de la mezquita de la calle Nord anuncia tiempos todavía más sombríos para los musulmanes catalanes. No es casual que Lérida fuese la ciudad escogida por la directora de Asuntos Religiosos de la Generalitat para presentar la Ley de centros de culto. Como ya advertimos en su momento, con esta ley en la mano pueden llegar a cerrarse numerosas mezquitas, cuya precariedad da cuenta de la marginación de la segunda religión del país. Una religión despreciada por las instituciones catalanas, utilizada por los partidos políticos para ganar votos (véase la campaña de promoción del burka) y utilizada por los mass media para ejercer el tiro al blanco.

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